Pl Plena inclusión Aragón, la
asociación mayoritaria de organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a las
personas con discapacidad intelectual en la comunidad autónoma, lanza un SOS al
Gobierno de Aragón para alertar de la delicada situación que atraviesan sus 40
entidades. Dicha situación requiere de soluciones urgentes para poder mantener
los servicios y apoyos que prestan a estas personas y sus familias.
Estos
servicios son fundamentales para asegurar una vida digna a las personas con
discapacidad intelectual y su entorno familiar. Y son también la garantía de
los derechos subjetivos que este colectivo tiene reconocidos a través de la Ley
de Servicios Sociales de Aragón y que, por ello, son inalienables.
Estas
entidades se han visto muy afectadas por la crisis provocada por la pandemia,
que ha agravado la complicada situación financiera que ya venía arrastrando el
sector desde la anterior crisis económica, lastrado por los recortes que ya
sufrió en su día. A ello hay que añadir las subidas salariales fruto del
convenio colectivo sectorial y del incremento del salario mínimo
interprofesional, que nunca se han visto reflejadas en la financiación que
perciben las organizaciones de la discapacidad como prestadoras de servicios
públicos. Por si esto fuera poco, la implementación de medidas de higiene y
seguridad en los centros para contener el coronavirus (bajada de las ratios de
atención, refuerzos de limpieza, etc.) ha requerido de la ampliación de las
plantillas de profesionales.
También
ha habido que aumentar los recursos materiales para la transformación y adecuación
de instalaciones y espacios, la prestación de servicios como transporte o
comedor o la adquisición de equipos de limpieza y de protección e higiene
personal. Todo ello está suponiendo un incremento sin precedentes sobre las
previsiones de gasto.
Al mismo
tiempo, han caído los ingresos procedentes de las aportaciones que hacen las
personas que disfrutan de plazas concertadas en los centros, especialmente en
las residencias, debido a aquellos usuarios que se han trasladado a su hogar
familiar durante estos meses de pandemia. Unas plazas concertadas por el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que ya de por sí estaban
infrafinanciadas, y cuya dotación no ha aumentado pese al incremento de los
gastos, como tampoco lo han hecho los conciertos y subvenciones que financian
el resto de los servicios a las personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
En
paralelo, han decaído otras vías de ingresos de algunas de las entidades del
sector, como por ejemplo aquellas que tienen centros especiales de empleo, cuya
actividad ha bajado considerablemente.
En
concreto, las entidades de Plena inclusión Aragón ya trasladaron al Gobierno de
Aragón, el pasado 31 de octubre, que las medidas aplicadas en sus centros para
hacer frente a la expansión de la covid-19 sumaban en conjunto unos sobrecostes
de 900.000 euros. A su vez, los
ingresos dejados de percibir por estas organizaciones, especialmente en las
residencias, debido a la reserva de plazas para aquellos usuarios que las
tienen concertadas con el IASS, pero optaron por trasladarse voluntariamente al
hogar familiar durante los meses más duros de la pandemia, ascienden a 500.000 euros.
A ello
hay que sumar más de 700.000 euros por
los atrasos acumulados en los plazos de aplicación del incremento de los
conciertos de las plazas desde 2019 a 2021. Estas subidas, anuales, fueron
pactadas en el año 2019 a través del CERMI que, en representación de todas las
entidades aragonesas de discapacidad, suscribió un protocolo con el IASS para
los tres años siguientes. En 2019 fueron cuatro meses de retraso, de junio a
septiembre; en 2020, la subida se demoró los tres primeros meses del año; y, en
2021, el aumento del coste por plaza no ha entrado en vigor hasta mayo; con lo
cual, en tres años, se acumulan once meses de retrasos, en los que el precio de
las plazas concertadas no se ha actualizado a tiempo.
Las
entidades sin ánimo de lucro del tercer sector gestionan la práctica totalidad
de la cartera de servicios sociales especializados de atención integral a la discapacidad
intelectual, y han demostrado durante la emergencia sanitaria que lo hacen con
compromiso, con profesionalidad y poniendo los intereses de estas personas, a
lo largo de todo su ciclo vital, por encima de cualquier otra cosa. Además, lo
hacen desde el arraigo territorial, generando empleos cualificados, estables y
que no se pueden deslocalizar, ayudando a luchar contra el desempleo y la
despoblación, especialmente en el medio rural aragonés.
El
sobreesfuerzo que llevan soportando durante más de un año es insostenible. La
Administración no puede seguir actuando como si este colectivo estuviera en
condiciones de seguir apañándoselas solo, en medio del temporal más intenso del
último siglo. Las entidades de la discapacidad intelectual tienen cada vez
menos margen de maniobra.
Por todo
ello, las 40 entidades de atención a la discapacidad intelectual agrupadas en
torno al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón instan al Gobierno de Aragón a recoger sus demandas:
- Financiación adecuada para el mantenimiento de los
servicios.
- Compensación por el sobrecoste soportado a causa de
la covid-19, en unos recursos que están siendo muy necesarios para
afrontar esta pandemia.
- Sostenibilidad de la nueva realidad de los servicios.
- Un
plan de reconstrucción urgente,
que tenga en cuenta las transformaciones pertinentes en los modelos de
atención y apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, que este
sector ya venía reclamando hace tiempo, pero cuya necesidad de
implantación ha evidenciado y acelerado la pandemia.
- Dignidad para las plantillas, que han demostrado su profesionalidad
y su compromiso con las entidades, las personas con discapacidad y las
familias; una dignidad que no se quede en meras palabras, sino que se
traduzca también en su salario, ya que este sector, pese a ser esencial,
tiene uno de los convenios más bajos del mercado laboral.
- Dignidad para las familias, que en esta pandemia se han sentido
solas y desatendidas por la Administración, dotándolas de medios para
poder llevar a cabo un acompañamiento que es cada vez más necesario, a
través de programas o servicios que les demuestren que no están solas.
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